Se hacen difíciles
de entender estos cuatro años de ausencia de políticas públicas en materia de
derechos humanos en la Provincia de Buenos Aires. En especial, en una Provincia que conmovió
todas sus estructuras, cuando a mediados de la década pasada revolucionó
conceptualmente sus mecanismos de intervención en la familia y en la
infancia. La constitución legal del Sistema de Promoción y Protección
de Derechos del Niño no fue precisamente una decisión atolondrada del
parlamento, fue una construcción social y una conquista de la comunidad. Un grito de rebeldía contra la esclavitud de
la niñez, que fue acompañado con hechos, desde las distintas y dispares áreas
de gobierno.
A diferencia de las tradicionales instituciones tutelares, el
sistema propuesto es acción solidaria, es respuesta armoniosa y precisa para
cada persona, es acompañamiento de cada criatura cada día.
Cuando uno mira la (In)acción
política del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, especialmente en las
áreas de niñez, tropieza inmediatamente con la indiferencia, con la ausencia de
todo criterio apegado a los derechos humanos, con una incapacidad manifiesta
hasta para sostener la mentira de que se está haciendo algo. Miles de trabajadores que cotidianamente
naufragan en las mismas aguas de la desidia. Miles de niños que no obtienen una mínima y
oportuna respuesta a sus derechos.
¿Por qué razón un
gobierno democrático degrada la esperanza de sus niños, por qué vuelve a
hipotecar el futuro de tantas criaturas? Tanta
incapacidad concentrada en todos estos años, está reclamando que quienes son el
sostén del Sistema, pidan la palabra.
La palabra es
acción.
